Enseña Chile

Editorial El Mercurio, 08 mayo 2010.

En educación —factor clave para la economía—, Chile ha dado pasos significativos en las últimas décadas. Ha logrado, después de mucho tiempo, una cobertura escolar amplia y ha movilizado importantes recursos para asegurar condiciones razonables de funcionamiento de la misma. Sin embargo, los resultados están aún demasiado lejos de ser mínimamente satisfactorios, y ahora todas las partes que determinan el marco del sistema educacional —Gobierno, Congreso, facultades de Educación— tienen la responsabilidad de corregir cuanto antes esta falla capital.

Por ejemplo, en 2009 dos de cada 100 jóvenes que estudiaron en la educación municipal obtuvieron más de 680 puntos promedio en la PSU. En cambio, 25 de los que estudiaron en la educación privada superaron esa barrera. Para que los desempeños sean superiores y se avance en equidad, es fundamental crear más capacidades —mejores profesores y directores, entre otros— e instalar un marco institucional que fije metas concretas a los establecimientos, les dé autonomía para alcanzarlas, controle su cumplimiento, y los oriente y apoye en ese propósito.

A este respecto, era un avance el proyecto de ley de aseguramiento de la calidad, que no se pudo aprobar en su totalidad en la Cámara de Diputados. Sin duda, algunos de sus aspectos son perfectibles, pero eso no invalida el proyecto, y aunque él puede sobrecargar a los establecimientos con asuntos burocráticos, estos riesgos son acotados y se podrían controlar adecuadamente mediante los reglamentos y decretos presidenciales que se dictarán como consecuencia de esta ley para adaptar el Ministerio de Educación a estos cambios institucionales.

Pero el debate en el Congreso no se centró en esos aspectos. Se argumentó, por ejemplo, que las exigencias para los establecimientos están excesivamente enfocadas en los resultados del Simce, en vez de incluir un conjunto más amplio de indicadores. Pero el problema central de nuestros estudiantes es que no adquieren los conocimientos, destrezas y habilidades suficientes para tener mejores oportunidades educacionales y laborales, y ese conjunto de características se mide —por cierto, imperfectamente— por el Simce. Priorizar otros indicadores más vinculados con los procesos termina limitando la autonomía de los establecimientos, sin beneficios claros en términos de aprendizaje. El camino correcto es dar más atribuciones a sostenedores y directores, un factor clave en el logro de una educación de calidad, lo que debe acompañarse con rendición de cuentas —algo muy en línea con lo que busca este proyecto.

Además, se objetó que éste pondría en riesgo la estabilidad laboral de algunos funcionarios del Ministerio de Educación. En efecto, los cambios institucionales propuestos pueden llevar a algunas modificaciones en ese ámbito, pero si la prioridad es producir educación de calidad, ese riesgo se debe asumir, en beneficio de los niños y jóvenes que no acceden a ella. Se ha rechazado una reforma valiosa para el país, para proteger a un grupo de interés integrado por funcionarios de dicho ministerio.

Mejores docentes

La prueba Inicia, que voluntariamente rinden los egresados de una multiplicidad de programas de pedagogía, da cuenta de las reducidas competencias de los docentes —quizá el principal problema de la educación chilena—. Sus conocimientos en las materias que deberán enseñar, particularmente en matemáticas, están muy por debajo de lo esperable de profesionales egresados de la educación superior. Igualmente, sus habilidades de comunicación escrita dejan mucho que desear.

Si bien es una prueba sin consecuencias para quien la rinde, lo que puede afectar marginalmente los resultados, éstos son demasiado contundentes para negarlos y reiteran la necesidad de cambios urgentes. Si se piensa que los que rindieron este examen lograron en la PSU un promedio de 485 puntos, resulta inocultable que a esta profesión no están ingresando, en promedio, jóvenes con suficientes habilidades compatibles con una docencia de calidad.

Esto no es extraño, porque hay pocos incentivos. Por ejemplo, los antecedentes recogidos por www.futurolaboral.cl revelan que, después de cinco años, los egresados de pedagogía obtienen ingresos que están 48 por ciento bajo el promedio del de los egresados de las otras 51 carreras universitarias que contempla esa fuente de información. Pero, además, como resultado de presiones sindicales, los profesores tienen salarios muy uniformes. Así, en las comparaciones entre profesiones, las diferencias de ingreso son mucho mayores para los salarios altos. La paradoja es que prácticamente desaparecen cuando tales comparaciones se hacen para los salarios bajos. Por tanto, la docencia protege a los jóvenes de bajas habilidades y desincentiva a quienes las tienen altas. Mientras esto no se corrija sustancialmente, será muy difícil modificar la actual situación, pues ni la enorme vocación de algunos conseguirá revertirla. Para lograrlo se requiere una modernización sustancial del Estatuto Docente, que, en su estado actual, es el gran factor responsable de este esquema de incentivos perversos.

Pero también es necesaria una renovación profunda de las facultades de Educación. Es muy improbable que jóvenes con altas habilidades, aun en presencia de mejores perspectivas al egreso de su formación profesional, se inclinen por estudiar en instituciones poco interesantes, en las que no existen circuitos académicos y de opinión relevantes.

Por cierto, algunas facultades han hecho esfuerzos valiosos, pero aún son aislados e insuficientes para atraer de manera sistemática a jóvenes de altos puntajes, que en otras disciplinas enfrentan ambientes intelectuales mucho más motivadores.